Después de los hechos violentos que tuvieron lugar el miércoles con la hinchada de Universidad de Chile, el fiscal Mariano Zitto, de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°4 de Avellaneda, solicitó el viernes la clausura preventiva y la suspensión del uso de todas las instalaciones del estadio Libertadores de América del Club Atlético Independiente. En este marco, propuso que el partido del domingo, donde el Rojo iba a recibir a Platense en su cancha, se lleve a cabo “sin la presencia de espectadores,” salvo que las autoridades opten por realizarlo en otro lugar.
Esta medida fue solicitada ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, bajo la dirección del juez José Luis Arabito, quien deberá decidir en las próximas horas sobre la solicitud. En el documento, al que accedió Infobae, el fiscal encargado de investigar los graves incidentes de esta semana señaló fallas en la seguridad y advirtió que “no están dadas las condiciones mínimas de prevención frente a un desborde de la hinchada local o un enfrentamiento con el público visitante.”
En su escrito, Zitto detalló su investigación y describió que “la inaudita irrupción de numerosos hinchas del Club local en la tribuna del sector visitante provocó un nivel de violencia extremo e inhumano, con agresiones de todo tipo que fueron de público conocimiento.”
Los incidentes comenzaron antes del inicio del evento deportivo, con daños en las instalaciones de la tribuna visitante, que incluyen la destrucción de sanitarios, el buffet y cámaras de seguridad. Parte de los hinchas visitantes lanzaron escombros y materiales hacia el sector local, lo que incrementó la tensión y la violencia.
En este contexto, el fiscal sostuvo que la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el Club Atlético Independiente, resultó inadecuada para manejar los disturbios. Además, destacó que la policía provincial únicamente actúa como refuerzo en las cercanías del estadio, mientras que la seguridad interna es responsabilidad del club, un esquema que, en partidos internacionales, responde a requerimientos de la CONMEBOL.
Zitto también indicó que “las fuerzas de seguridad privada no pudieron prevenir un desmadre de tal magnitud” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la policía.
Tras su análisis, concluyó que hubo una clara falta de organización y ausencia de roles definidos en la prevención de incidentes. Destacó la facilidad con la que los hinchas locales accedieron al sector visitante y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detener a los agresores, incluso cuando la confrontación ya había disminuido en intensidad.
Por eso, determinó: “No están dadas las condiciones mínimas de prevención que aseguren que, ante un desborde de la hinchada local o un enfrentamiento con el público visitante, haya una coordinación que permita la rápida intervención de las fuerzas de seguridad policial.”
Asimismo, justificó su pedido de clausura afirmando que debe tomar medidas en defensa de aquellas personas que “no tienen las garantías mínimas de que asistir a un evento deportivo en dicho estadio no implique, al menos, sufrir lesiones por hechos relacionados a serias deficiencias en la prevención de la seguridad interna del estadio.”
En función de estos sucesos, el fiscal solicitó al juez José Luis Arabito que ordene la clausura preventiva del estadio, al menos para partidos con público, hasta que el Club Atlético Independiente, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la CONMEBOL presenten una propuesta conjunta que explique lo ocurrido y detalla cómo se evitarán incidentes similares en el futuro.
El requerimiento también pide que el Ministerio de Seguridad provincial informe sobre los acuerdos alcanzados y certifique que existen condiciones de seguridad adecuadas para evitar nuevos incidentes.
