La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha lanzado una estrategia inusual en España: en las últimas semanas, muchos ciudadanos han recibido burofaxes en sus hogares requiriendo el pago de cerca de 450 euros para evitar una demanda judicial por el consumo de retransmisiones ilegales de fútbol.
En el centro de esta cuestión se encuentra Javier Tebas, presidente de LaLiga, cuya organización desde hace más de diez años invierte en tecnología para la detección de usos no autorizados de sus emisiones. Según El País, han logrado bloquear más de cuarenta plataformas en conjunto con los tribunales y sus asociaciones internacionales. Los números son significativos: los derechos televisivos generan aproximadamente 1.500 millones de euros al año para el fútbol profesional español, una cifra crucial para la sostenibilidad de clubes en Primera y Segunda División.
El debate legal se centra en cómo se dividen las responsabilidades entre quienes distribuyen los contenidos de manera organizada – servidores, herramientas de cardsharing, decodificadores – y quienes solo acceden a las señales retransmitidas sin permiso. La justicia tiende a favorecer a LaLiga en sus enfrentamientos con los grandes distribuidores. El País informó que un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona y una sentencia del tribunal número 6 permiten bloquear páginas y aplicaciones que replican la señal sin autorización, responsabilizando principalmente a quienes actúan “con ánimo de lucro”. Esta misma resolución del segundo juzgado respalda medidas para que los proveedores de internet colaboren activamente en el cierre de acceso a estos contenidos, incluyendo soluciones tecnológicas como el bloqueo ante tráfico cifrado (ECH).
Desde LaLiga enfatizan que han implementado durante años una estrategia integral, “tecnológica, legal, educativa e institucional, tanto a nivel nacional como internacional”, basada en el desarrollo de su propia tecnología para vigilar y detectar emisiones ilícitas. No solo buscan proteger sus derechos, sino también educar a la sociedad sobre cómo el consumo de fútbol pirata “erosiona los ingresos de los clubes y expone a los usuarios a redes mafiosas y riesgos para su seguridad digital”.
La problemática de la piratería presenta otras particularidades. Las cartas enviadas por LaLiga indican que han podido rastrear, mediante direcciones IP, a usuarios que habrían accedido a retransmisiones ilegales, solicitando por ello una compensación y advirtiendo sobre acciones judiciales en caso de impago.
“En España la legislación solo penaliza al distribuidor de la señal pirata, no al consumidor, y las operadoras que proporcionan datos sin orden judicial incurren en prácticas alegales”, señala Omar Benbouazza, director de Comunicación de la Conferencia de Ciberseguridad RootedCON, según lo indicado por El País. Benbouazza agrega un argumento técnico: “Una misma IP puede corresponder a múltiples personas, incluso a servicios totalmente legales. No existen capacidades para asignar una dirección específica a cada usuario individual”, observación que LaLiga rechaza de plano, según el mismo medio.
También surgen interrogantes en el ámbito legal. Javier Prenafeta, abogado y socio de 451.legal, considera “controversial el modo en que se obtienen las direcciones IP de los usuarios”. Prenafeta sostiene que las reclamaciones se basan en resoluciones que permitieron determinadas medidas de vigilancia, aunque ninguna legitima el envío masivo de cartas. “Muchas de estas reclamaciones se han dirigido a usuarios finales, lo que genera interrogantes sobre la validez de dicha prueba y la buena fe de estas acciones.”
A menudo, la presión de estas campañas se enfrenta a la noción predominante entre los aficionados, quienes ven el ver un partido de fútbol sin pagar como una infracción leve, distando de considerarlo un delito. LaLiga intenta reducir esta brecha cultural ejerciendo presión legal, pero, según Benbouazza, esto no resuelve necesariamente el problema: “Es legítimo perseguir el fraude, pero no puede hacerse a expensas de vulnerar derechos fundamentales. Netflix y otras plataformas han comprobado que combatir la piratería también implica ofrecer alternativas accesibles y cómodas, más que criminalizar al usuario final”, comenta El País.
Al mismo tiempo, la ofensiva judicial conlleva riesgos de reputación. Al abrumar a los usuarios con burofaxes, LaLiga podría terminar viéndose como antagonista ante los aficionados. “La lucha contra la piratería no solo se libra en los tribunales, sino también en la opinión pública”, concluye una fuente del sector en El País.
Económicamente, los ingresos por derechos audiovisuales se han consolidado como motor financiero del fútbol español. Desde 2015, LaLiga se encarga de comercializar de manera conjunta los derechos según el Real Decreto-Ley 5/2015. Actualmente, Movistar y DAZN pagan 4.950 millones de euros por cinco temporadas de retransmisiones. Solo en la temporada 2023/2024, los clubes de Primera División recibieron 1.351 millones, mientras que los de Segunda División obtuvieron 147 millones.
