El 15 de agosto comenzó una nueva temporada de la Liga de Fútbol Profesional, donde se disputarán 38 jornadas por el título en distintos estadios. Debido a la gran cantidad de personas y a la creciente violencia asociada a este deporte, la Policía Nacional tiene que implementar operativos de seguridad especiales para mantener el orden en los estadios y sus alrededores.
Desde JUPOL, el sindicato más grande de este cuerpo, han denunciado nuevamente que los costos de estos dispositivos no son cubiertos por LaLiga, presidida por Javier Tebas, sino que se financian con los impuestos.
“Cada jornada se movilizan miles de agentes de la Policía Nacional para asegurar la seguridad de los hinchas y prevenir actos violentos, con cifras que varían entre 150 agentes en partidos de riesgo medio y más de 400 en encuentros de alto riesgo, definidos así por la Comisión Antiviolencia”, señalan desde el sindicato.
Agregan que “estos dispositivos no solo requieren un enorme esfuerzo humano y logístico, sino también un gasto que supera los 15 millones de euros anuales, que, en lugar de ser asumido por los organizadores del evento, termina siendo pagado por los contribuyentes”.
Desde JUPOL advierten también sobre el aumento de los grupos ultras y la creciente violencia vinculada al fútbol, lo que obliga a “desplegar cada vez más efectivos policiales en los estadios, convirtiendo estos operativos en labores de alto riesgo”.
“A pesar de ello, los agentes de la Policía Nacional no reciben compensación alguna por este sobreesfuerzo, ni económica ni en reconocimiento de las condiciones especiales en las que llevan a cabo su trabajo”, denuncian.
“Es inaceptable que, mientras LaLiga y los clubes de fútbol generan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sean la Policía Nacional —y, en consecuencia, todos los ciudadanos— quienes paguemos de nuestro bolsillo la seguridad de un espectáculo privado”.
Para respaldar su demanda y demostrar que “no es una solicitud arbitraria”, el sindicato menciona varios precedentes, tanto internacionales como nacionales. “En Alemania, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen estableció jurisprudencia al obligar a la liga alemana a cubrir los gastos policiales generados por los partidos de mayor riesgo”.
A nivel nacional, “la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del País Vasco establece en su artículo 111 que los clubes deben pagar 31 euros por funcionario y hora por los servicios de la Ertzaintza en eventos deportivos”.
Por todo esto, “JUPOL exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que tomen medidas inmediatas para que LaLiga, como entidad privada organizadora de la competición, asuma los costos de la seguridad en los estadios, y no los ciudadanos a través de sus impuestos”.
El sindicato recuerda que “la normativa sobre espectáculos públicos establece que la seguridad dentro y en los accesos de los estadios corresponde a empresas de seguridad privada contratadas por los organizadores. Sin embargo, en la práctica, son los agentes de la Policía Nacional, especialmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), quienes asumen esta responsabilidad, relegando a las empresas privadas a un rol testimonial”.
“Cada temporada repetimos la misma denuncia y cada temporada se repite el mismo abuso. LaLiga y los clubes hacen dinero mientras los policías nacionales arriesgan su integridad sin reconocimiento ni compensación, y los ciudadanos pagan un servicio que no les corresponde financiar”, concluyen desde el sindicato.
