La jornada se llevó a cabo en el salón de la Caja de Jubilaciones Municipal y contó con la asistencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Martín Amden; el abogado especialista en normativa, Fernando Spiazzi; y el director de Deportes de Gualeguaychú, Raymundo Legaria.
El encuentro reunió a dirigentes, instituciones y actores sociales interesados en conocer los alcances de la ley, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y será tratada en el Senado.
La propuesta establece un régimen de incentivos fiscales que permitirá a empresas y particulares destinar parte de sus contribuciones en ingresos brutos para financiar proyectos deportivos.
Uranga subrayó la importancia de esta iniciativa: “Esta ley se convertirá en una herramienta clave para generar recursos en el deporte entrerriano, ya que, además de fomentar el aporte privado, garantiza un fondo solidario que permitirá abarcar al ciento por ciento de los clubes de la provincia”.
En relación al impulso de la ley, Colello expresó: “Desde la Secretaría General apoyamos con gran entusiasmo la ley de Mecenazgo, ya que creemos que el deporte entrerriano necesita más y mejores herramientas de financiamiento. Este proyecto, además de abrir la puerta al aporte privado, asegura un fondo solidario que nos permitirá llegar a cada club, sin importar su tamaño, y a los deportistas individuales que tanto esfuerzo hacen cada día”.
La normativa estipula que un 20 por ciento de los aportes se destinará a un fondo solidario administrado por la Secretaría de Deportes, con el propósito de equilibrar oportunidades entre instituciones grandes y pequeñas, y también de apoyar a deportistas individuales. Se trata de un mecanismo que refuerza la función social del deporte y busca extender sus beneficios a todo el territorio.
En el foro se destacó también que la reglamentación de la ley será crucial para establecer criterios de aplicación, mecanismos de control y procedimientos de rendición de cuentas, asegurando transparencia y eficacia en su implementación.
