La polémica generada por el documental Baila, Vini, que tiene como protagonista a Vinícius Junior, ha llegado a los tribunales tras la decisión del Valencia de presentar una demanda contra Netflix y la productora Conspiração Films, según reportó el diario deportivo español AS. El club de Valencia exige una compensación económica por lo que considera una “violación al derecho al honor”.
Esta acción legal se produce luego de que el documental, lanzado en Netflix en mayo, incluyera imágenes del partido celebrado en el estadio de Mestalla el 21 de mayo de 2023, donde Vinícius Junior denunció insultos racistas de parte de ciertos aficionados del Valencia. El club afirma que la representación de su afición y de la entidad en la producción es injusta y se basa en mentiras, por lo que ya había exigido formalmente una “rectificación inmediata” tras el lanzamiento del documental.
Durante el partido mencionado, la denuncia de Vinícius Junior provocó la interrupción del mismo y la identificación de un aficionado por parte del jugador ante la Policía. Tras reanudarse el juego, el delantero fue expulsado y salió del campo entre gritos mayoritarios de “Tonto, tonto” desde la grada. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior, el entonces entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentó que el estadio se había vuelto “loco” y que toda la afición le había gritado “mono, mono”.
El documental contiene un video de TikTok correspondiente a ese partido. Las imágenes, que parecen capturar el momento de la expulsión de Vinícius Junior, están subtituladas con la palabra “mono” en lugar de “tonto, tonto”. El Valencia sostiene en su demanda que esos subtítulos son “manipulados” y “falsos”, y pide que se modifiquen. Además, reclama que, una vez resuelto el asunto judicial, se incluya la sentencia en el propio documental.
Pocas horas tras el partido, tanto el Valencia como la Policía identificaron a otros dos seguidores que también hicieron gestos racistas hacia Vinícius Junior. Los tres implicados fueron juzgados y condenados en un proceso con conformidad de las partes por un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas. La sentencia incluyó una pena de 8 meses de prisión, el pago de las costas procesales y la prohibición de ingresar durante 2 años a estadios de fútbol que alberguen partidos de Liga y de la Federación Española de Fútbol.
